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Nuestro Código Civil, en su artículo 1.254, dice que “El contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse, respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio”.

Históricamente, este acuerdo de voluntades se ha plasmado en un soporte duradero como el papel, o si los contratantes se tenían mutua confianza, con un simple apretón de manos. Estas formas siguen siendo plenamente vigentes hoy día.

Pero las nuevas tecnologías y la nueva manera de interrelación entre personas y entidades va dando pie paulatinamente a la contratación electrónica que todos vamos asumiendo con naturalidad cuando compramos bienes o servicios por internet a través de las plataformas colaborativas que todos conocemos. Es lo que se denomina “Comercio Electrónico”.

Estos contratos electrónicos también consisten en un acuerdo de voluntades que genera obligaciones entre las partes, y por tanto, dichas obligaciones tienen fuerza de ley entre los contratantes. Los principios básicos de esta contratación están recogidos en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico; y también en la legislación de protección de consumidores y usuarios cuando se adquieren bienes o servicios para uso doméstico.

El siguiente hito que ya se está implantando es el que corresponde a los conocidos como “smart contracts” o “contratos inteligentes”

Los contratos inteligentes son aquellos que pueden ejecutarse por sí mismos cuando los valores predefinidos se cumplen, es decir, que se ejecutan de manera automática y autónoma. A esto habría que añadir que su principal característica es que se trata de un programa informático, y que una vez activadas las secuencias o instrucciones programadas basadas en las condiciones del contrato, las partes no intervienen directamente en la ejecución de su cumplimiento, ya que el contrato lo realizará de forma autónoma.

Por ejemplo, las apuestas deportivas. Si apostamos a la victoria de un equipo de fútbol, la propia casa de apuestas acudirá automáticamente a la base de datos para comprobar el resultado y las condiciones por las que se ha firmado el contrato. En caso de resultar una apuesta como ganadora, se procederá a la entrega de los fondos de manera autónoma.

O el caso de Fizzy Axa, que es un seguro de vuelos basado en Smart Contract. Cuando al usuario introduce el número del vuelo, el sistema verifica de forma automática si el vuelo ha sufrido el retraso especificado en el contrato. De ser así, abona el importe de la compensación automáticamente, sin necesidad de reclamación.

Hay muchas más aplicaciones o productos de una cierta complejidad que utilizan este método de contratación, como por ejemplo transacciones sobre activos financieros (dinero, valores negociables, derivados financieros), en la medida en que se trata de activos líquidos y, sobre todo, que pueden tener una vida meramente contable como titularidades derivadas de la anotación en un registro.

De futuro, respecto a los bienes corporales —un automóvil, un inmueble— el contrato inteligente puede automatizar un cambio de titularidad formal, mediante la “tokenización” o traspaso del correspondiente activo de un titular a otro. Lógicamente, el programa no puede operar un cambio en la tenencia material del objeto, pero si el contrato inteligente se integra en el propio objeto físico (Internet de las Cosas), la cerradura de la casa o el encendido del automóvil pueden activarse o desactivarse en función de circunstancias previstas en el smart contract, tales como finalización de plazo de uso, o incumplimiento de plazo de pago, que impedirían el acceso al disfrute de esos bienes.

Es cuestión de tiempo (y no demasiado) que este sistema de contratación perfeccione su fiabilidad y se generalice para un gran número de usuarios y de operaciones.

En definitiva, estamos hablando de una nueva tecnología que se va implantando en nuestra vida ordinaria y comercial, mediante la aplicación de nuevas tecnologías (como el blockchain o el Internet de las Cosas) que ya resultan un futuro cada vez más presente.