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El pasado 22 de septiembre de 2020 se publicó el Real Decreto – Ley 28/2020 de trabajo a distancia, lo cual suponía abordar una profunda reforma de esta figura en nuestra legislación, la cual hasta el momento era muy escasa y estaba obsoleta.

Les recordamos que, con la nueva regulación aprobada, se introdujeron importantes novedades, entre las cuales destacaban:

• Necesidad de formalizar en un documento el Acuerdo del Teletrabajo, con el contenido mínimo y todas las particularidades que pudieran establecerse.
• Igualdad de trato, conciliación y corresponsabilidad.
• Voluntariedad y reversibilidad del trabajo a distancia para ambas partes, empresario y trabajador. 
• Derecho a la dotación de equipos y medios por parte de la empresa, así como abono de los gastos derivados del “teletrabajo”
• Derecho a la desconexión digital y a un horario adecuado. 
• Garantía de estabilidad en el puesto de trabajo. 
• Facultades de control empresarial.
• Prioridad a la negociación colectiva. 

La nueva Ley 10/2021 sustituye al Real Decreto-Ley 28/2020, la misma mantiene prácticamente intacto su contenido, introduciendo como principales novedades las siguientes:

• Obligación de las empresas de evitar cualquier tipo de discriminación, directa o indirecta de las personas trabajadoras que prestan servicios a distancia, no solo por razón de sexo, sino también por edad, antigüedad o grupo profesional o discapacidad. En este aspecto deberán asegurar la igualdad de trato y la prestación de apoyos, así como realizar los ajustes razonables que resulten procedentes.
• En el caso de personas con discapacidad, la empresa asegurará que los medios, equipos y herramientas para el trabajo a distancia (incluidos los digitales) sean universalmente accesibles para evitar cualquier exclusión por esta causa.
• Las empresas, deberán tener en cuenta a las personas teletrabajadoras o trabajadoras a distancia y sus características laborales en el diagnóstico, implementación, aplicación, seguimiento y evaluación de medidas y planes de igualdad.
• La evaluación de riesgos del puesto de trabajo a distancia deberá tener en cuenta también la accesibilidad del entorno laboral efectivo.
• Se considerará como domicilio de referencia a efectos de considerar la Autoridad Laboral competente, y los servicios y programas públicos de fomento del empleo aplicables, aquel que figure como tal en el contrato de trabajo y en su defecto el del domicilio de la empresa o del centro o lugar físico de trabajo.

Esta nueva norma igualmente incrementa el importe de las sanciones contenidas en la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS). Como ejemplo, la cuantía de las sanciones por infracciones graves en materia de relaciones laborales y empleo en su grado máximo se fija en 7.500 euros (anteriormente 6.250 euros), mientras que las muy graves en el grado máximo aumentan de 187.500 a 225.018 euros. Por otro lado, la cuantía de las sanciones en materia de prevención de riesgos laborales se sancionará, en su grado máximo, hasta 983.736 euros (anteriormente 819.780 euros).